El Perú ha vuelto a la normalidad…

Nelson Manrique

La frase que utilizo como título es de Martín Adán, y la dijo cuando se enteró que el general Manuel A. Odría había dado un golpe de Estado. No he podido menos que evocarla ante el saldo de la convulsión social vivida en el país la semana pasada.

Dos indígenas fueron muertos en Ayacucho. Se llamaban Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza. Eran procedentes del distrito de Quinua, tienen impactos de bala en el cráneo y murieron cuando la policía abrió fuego para desbloquear una vía cerrada durante el paro agrario. En Barranca murió Julio Rojas Roca, también con una bala en la cabeza. Hay testigos que acusan a la policía por las muertes. Otro campesino no identificado murió desbarrancado en Arequipa, aparentemente cuando trataba de huir de la represión policial.

Los he mencionado por sus nombres para llamar la atención sobre el hecho de que son humanos, como nosotros (y como los policías); posiblemente tenían una familia y personas que dependían de ellos, para quienes a la tragedia de las muertes debe sumárseles la tragedia de los futuros rotos.

En cualquier sociedad humana la muerte de uno de sus miembros es una desgracia que moviliza compasión y solidaridad. En una comunidad nacional la muerte de un compatriota hiere a toda la comunidad, pero no parece que eso suceda en el Perú.

El presidente de la República , ante la violación del más elemental derecho humano, el derecho a la vida, ha declarado: " La Policía ha actuado con gran convicción y decisión y yo felicito a la Policía , está muy bien que defienda al Perú”. Ha anunciado, a continuación, que debemos esperar más muertes: "Que sirva de lección para que cuando alguien promueve públicamente y agitadamente un paro, sepa a dónde está conduciendo a estas personas, que sepa a qué está abriendo las puertas ".

Existe un principio universal del Derecho denominado proporcionalidad en la defensa: nadie que esté en peligro puede recurrir a medios de defensa desproporcionados en relación con la magnitud de la amenaza. No hay ninguna proporción entre el bloqueo de una carretera por campesinos desarmados y disparar a matar. La policía actúa amparada en la ley 982, promovida por el gobierno de Alan García, que declara inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que usen sus armas para dispersar manifestaciones.

No veo una reacción proporcional a la magnitud de lo sucedido ni entre los políticos ni en la sociedad en general. La tragedia de los ochenta, y los 70 mil muertos, fue facilitada por nuestra pavorosa indiferencia ante la suerte de los indígenas que iban cayendo. ¿Volveremos a repetir la historia?